Obligaciones y Conflictos en Comunidades de Propietarios
Comunidades de vecinos
- Los propietarios deben cumplir con obligaciones establecidas por la Ley de Propiedad Horizontal, y el incumplimiento puede llevar a la ejecución forzosa y afectación de su inmueble.
- Las normas de convivencia en comunidades de propietarios pueden generar controversias, necesitando asesoría legal para resolución de problemas.
- La necesidad de permitir el acceso a la propiedad para reparaciones de zonas comunes puede causar inconvenientes y posibles daños.
La Ley de Propiedad Horizontal establece obligaciones estrictas para los propietarios, cuya falta de cumplimiento puede generar conflictos y acciones legales.
¿Qué ocurre si un miembro de la comunidad no quiere cumplir con sus obligaciones?
Las obligaciones que la Ley de Propiedad Horizontal establece para los propietarios del edificio son de obligado cumplimiento, por lo que se puede exigir su ejecución a través de los mecanismos legalmente establecidos. Además, hay que recordar que el propietario responde con su propio inmueble del cumplimiento de sus obligaciones, por lo que incluso se le puede intimar al pago de las deudas pendientes, quedando el piso o local afecto legalmente al cumplimiento de esas obligaciones.
La vida en comunidad es una realidad constante, en especial en centros urbanos como Madrid, en donde las necesidades de vivienda han generado la convivencia mutua en espacios comunes. En este caso, para evitar controversias y permitir una vida en armonía, la regulación de estas relaciones exige el respeto a las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Horizontal.
Aun así, la convivencia no está exenta de problemas por lo que nada mejor que un abogado inmobiliario especialista en la materia para resolverlas. Por ello, veamos de qué tratan las normas sobre comunidades de propietarios y cómo debe ser su tratamiento jurídico.
¿Qué es una comunidad de propietarios?
Comencemos por el principio. Una comunidad de propietarios es una forma compleja de propiedad ya que aúna la propiedad exclusiva que los miembros de la misma tienen sobre su piso o local y además una propiedad conjunta de todos ellos sobre los elementos comunes.
Conoce las materias que puede regular la junta de propietarios
La Ley de Propiedad Horizontal confiere a la Junta de propietarios facultades bastante amplias. Todo comienza con la creación de los Estatutos, los cuales vendrán a ser la norma base de convivencia y reglas de la comunidad.
Estos Estatutos serán generalmente redactados en el momento de la constitución del régimen de propiedad horizontal; sin embargo, la Junta podrá modificarlos posteriormente si lo considera conveniente.
Por su parte, en los Estatutos se fijará todo lo concerniente al uso de los espacios comunes, así como las reglas y horarios de actividades dentro de las instalaciones del inmueble aunque la comunidad puede ser más específica y descender más al detalle estableciendo unas Normas de Régimen Interior.
¿A qué se obligan los habitantes de un inmueble en propiedad horizontal?
El vivir en comunidad obliga a los copropietarios a respetar unas reglas mínimas, fijadas en los Estatutos y en la propia Ley. Las más importantes son:
Cuidar los elementos comunes y contribuir al pago de los gastos generales
Las áreas comunes como azoteas, fachada, instalaciones comunes como ascensores, jardín, piscina, etc., tienen un tratamiento especial, pues cada propietario es dueño de una “cuota parte” de dicho espacio. Esto obliga al pago de una cuota mensual de mantenimiento así como a procurar su buen estado de conservación.
Mantener en buen estado de conservación su piso o local
Es común que una persona quiera hacer reformas y remodelaciones en su propiedad. Ahora bien, hay que tener en cuenta que tales obras no pueden afectar o comprometer la estructura de la edificación. De igual manera, no pueden perjudicar la propiedad de otros miembros de la comunidad.
Permitir el acceso a su propiedad
El propietario debe permitir la entrada a su piso o local cuando no exista otra forma de ejecutar la reparación de una zona común, teniendo derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios correspondientes.
¿Se pueden impugnar los acuerdos adoptados por la Comunidad de Propietarios?
Los acuerdos de la Junta de propietarios son susceptibles de impugnación judicial en dos supuestos:
1º) Si son contrarios a las leyes, al título constitutivo o a los estatutos o si, dadas las circunstancias, implican un abuso de derecho. El plazo de impugnación de estos acuerdos será de un año desde la notificación del acta de la Junta.
2º) Cuando son contrarios a los intereses de la comunidad o son gravemente perjudiciales para uno de los propietarios. En este caso, el plazo para impugnar el acuerdo será de tres meses desde la notificación del acta.
¿Quiénes pueden impugnar un acuerdo de la Comunidad?
Están facultados para impugnar los acuerdos todos aquellos propietarios que hubieran votado en contra, los ausentes que se hubieran opuesto, y los que hayan sido privados ilegítimamente del derecho de voto.
Ahora bien, es relevante destacar que para poder impugnar un acuerdo comunitario se debe estar al corriente de pago de las deudas comunitarias que se encuentren vencidas en el momento de adoptarse el acuerdo que se tenga intención de impugnar.
FAQ acerca del servicio de Comunidades de vecinos
Preguntas frecuentes

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La asesoría inmobiliaria puede ser especialmente útil en comunidades de vecinos que cuentan con múltiples propiedades, ya que en estos casos puede resultar complicado coordinar y gestionar todos los aspectos relacionados con la venta o alquiler de las viviendas.
Entre los servicios que puede ofrecer una asesoría inmobiliaria en comunidades de vecinos se encuentran la valoración de las propiedades, la elaboración de anuncios y la gestión de visitas por parte de posibles compradores o inquilinos. También puede encargarse de redactar y negociar los contratos, y de tramitar todos los documentos y permisos necesarios para la venta o alquiler.
La asesoría inmobiliaria puede ayudar a los propietarios a resolver dudas y problemas relacionados con la gestión de sus propiedades, como por ejemplo la elaboración de normas de convivencia, la gestión de gastos comunitarios o la resolución de conflictos entre vecinos.

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